De acuerdo al programa inicial y con la presencia del Lonko Juan Pichún, el Werkén de Unión Temulemu Dos Antonio Cadín, autoridades y comuneros de la zona, se efectuó la Consulta Indígena en nuestra comuna.
La actividad se efectuó bajo fuertes, pero discretas, medidas de seguridad previstas por Carabineros de Chile, quienes a distancia velaron por la tranquilidad y seguridad de los participantes, todo ello debido a situaciones dadas en otras comunas con motivo de esta consulta, según indicó el Capitán de la Tercera Comisaria de Carabineros de Traiguén, Miguel Villanueva.
Según los dirigentes de las diversas comunidades a través de este acto plasmaron su más absoluto rechazo a las medidas propuestas por el gobierno “que solo pretenden proteger y cuidar los intereses de inversionistas ajenos a las comunidades indígenas, que no entienden la cosmovisión mapuche desde el punto de vista ancestral y que dice relación con la pertenencia de nuestras tierras. Nosotros no queremos dineros por nuestras tierras y es la visión de los pueblos originarios”, expresó el Lonko Juan Pichún.
De acuerdo a las convenios firmados por el Estado chileno, este, está obligado a consultar a las comunidades afectadas cada vez que se pretenda legislar respecto de materias que afectan a los pueblos originarios (artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT), sin embargo y de acuerdo a lo planteado por los dirigentes comuneros el Estado no crea, en consideración a los intereses de las comunidades y estas se ven planteadas frente a materias que muchas veces ni siquiera son de su dominio legal o legislativo.
Este proceso requiere, según la OIT, el cumplimiento de ciertos estándares para que la consulta sea “válida”, principios entre los que destaca el de la buena fe, es decir, un diálogo genuino, confiable, sin engaños ni presiones para los consultados; A través de un procedimiento adecuado, que tenga en consideración las características y circunstancias de los pueblos consultados, con información completa y clara, entre otros estándares cuyo cumplimiento en Chile, en las cerca de 200 consultas realizadas en los 10 años de vigencia del convenio ha sido cuestionado por entidades internacionales, académicos y los propios pueblos indígenas.
La consulta se llevó a cabo en la más absoluta normalidad, sin incidentes y los carros de disuasión de la policía uniformada, buses de FFEE, carros lanza aguas, lanza gases y blindados, felizmente, se quedaron con sus respectivas cargas “disuasivas” a plena capacidad. Bien por una comunidad que pese a la afección gubernamental, usa democráticamente sus derechos.
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